Incluir sin consentimiento previo a gente en grupos de WhatsApp es sancionable

La resolución en concreto hace referencia al caso del ayuntamiento de Boecillo en Valladolid, en donde un concejal incorporó en un grupo de información vecinal por WhatsApp a gente sin su consentimiento.


El abogado Joaquín Muñoz, del despacho ONTIER, ha explicado hoy a Efefuturo que la ley de protección de datos no aplica a los tratamientos de datos personales en el ámbito doméstico, por lo que los usuarios de WhatsApp incorporados a un grupo familiar o entre amigos en los que todos sean conocidos no se verían afectados inicialmente por la resolución.


Otra cosa es que se compartieran en el “chat” teléfonos de gente que no se conoce entre sí y además se hiciera para fines informativos, publicitarios u otras actividades profesionales diferentes respecto al objetivo inicial por el cual se solicitaron esos datos personales, en donde se entiende que la ley sí sería aplicable, añade el experto.

Grupos de WhatsApp


Dado que la red social WhatsApp permite incluir a los componentes del grupo sin previo aviso sobre la incorporación al mismo y, por tanto, el afectado se ve inmerso automáticamente en el “chat”, sí sería aconsejable, por deferencia, que el responsable de su creación informara antes a sus nuevos miembros, incluso en los casos de actividad restringida a uso doméstico ya que, de alguna forma, con esta acción se está comunicando el teléfono de los integrantes del grupo al resto.


El caso es similar al de los correos electrónicos a listas de destinatarios en donde se exige que los correos receptores se incluyan en copia oculta, porque los miembros involucrados tampoco tienen opción previamente para negarse a ser incorporados a la comunicación en grupo.


Teniendo en cuenta que la infracción del ayuntamiento de Boecillo en Valladolid se considera grave, las multas ascienden hasta 300.000 euros, que en el caso de ser una administración pública el pago de la sanción no procede.


Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE que entrará en vigor en mayo próximo, el montante a pagar por infracciones graves en este ámbito puede ascender hasta los 20 millones de euros. Efefuturo

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