El pasado abril, este tribunal sentenció que el Ejecutivo debía aprobar antes de seis meses la normativa necesaria para que se puedan actualizar los sueldos de 877 funcionarios titulares de organismos de investigación.
Ahora, la Plataforma 5s6s (quinquenios y sexenios) formada por 515 científicos de organismos públicos de investigación (OPI), recuerda que se trata de cumplir la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011), la cual establecía la equiparación de las retribuciones entre científicos independientemente del organismo en el que trabajen.
Una sentencia de abril
“A día de hoy y a pesar de las continuas peticiones por parte de colectivos de científicos afectados esto no ha ocurrido”, recuerda en una nota.
“Hartos de que los diferentes gobiernos hayan incumplido reiteradamente lo legislado en la Ley, 515 científicos de los diferentes OPI han pedido la intervención del Defensor del Pueblo, toda vez que ni las sentencias del Tribunal Supremo parecen ser suficientes para que el Gobierno entienda la ilegalidad en la que está instalado”.
El plazo dado por el Supremo se cumplió el pasado 9 de enero “sin que el Gobierno muestre un avance claro en cumplir esta sentencia antes de que finalice esta legislatura”.
El colectivo presentó el pasado 27 de febrero una diligencia ante el Supremo solicitando la ejecución de sentencia y, tras esta petición, está ya dando los primeros pasos para interponer demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, explica la nota.
“Con esta desobediencia al Tribunal Supremo, el Gobierno desafía la ley consolidada y aprueba, de manera tácita, una discriminación de los investigadores españoles que somos calificados de primera o de segunda clase en función del centro al que pertenecemos, no en base a la excelencia científica que tanto pregona el ministro Pedro Duque”.
Hasta 900 euros mensuales de diferencia
En este sentido, esta plataforma apunta que un investigador de un organismo público no CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) puede cobrar en la misma categoría hasta 900 euros mensuales menos que un compañero del CSIC o de la universidad.
Además, esta plataforma denuncia que “todo el trabajo científico de los OPI está totalmente supeditado a la burocracia establecida por el Ministerio de Hacienda, que les ha llevado a un estado caótico no solo en lo que a gestión de recursos humanos se refiere sino, también, en lo relacionado a gestión y operatividad”.
La plataforma, que estudia interponer una denuncia ante la Inspección de Servicios para que analice la situación de estos centros, señala que el Gobierno cree que con las medidas aprobadas en febrero para reducir la burocracia “el problema está resuelto”, pero “no es así porque su puesta en marcha va a llevar mucho tiempo dadas las continuas dilaciones y obstáculos que pone Hacienda en general y los interventores de los centros en particular”.
“Los OPI no pueden aguantar a que todas estas medidas acaben cristalizando en algo, ya que su situación es tan angustiosa que solo una decidida y férrea voluntad del propio presidente del Gobierno será capaz de evitar su definitivo colapso”. EFEfuturo
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